«La necesidad de proteger a los menores refugiados que llegan solos a la UE», por Raquel Prado

Estamos asistiendo a una llegada masiva a la Unión Europea de personas que huyen de conflictos, principalmente en Siria, Afganistan, Eritrea y Ucrania. Esta crisis está poniendo a prueba (si no en un aprieto) el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) en su conjunto. Asimismo, pone a prueba la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001 relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, y a medidas de fomento por un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Esta norma no ha sido estrenada en sus 14 años de vigencia. Tal vez porque se ha considerado que no era necesario. Hasta el momento.

Podríamos deducir que la razón por la que no se está aplicando en el marco de la actual crisis humanitaria es la falta de voluntad política, escondida tras mecanismo de activación que incluye la Directiva. En su art. 5 establece que para que dicha norma tenga efecto tendrá que darse una decisión del Consejo Europeo adoptada por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión. Simplemente no se ha dado. Y ello a pesar de las reiteradas recomendaciones del Parlamento Europeo al respecto.

En el caso de los niños el hecho de llegar en grandes grupos de personas les hace periodísticamente protagonistas, pero social y legalmente invisibles.

Como indica la investigadora Ineli-Ciger, esta norma no solucionaría el problema, pero sin duda ayudaría y proporcionaría un marco más adecuado a los solicitantes de asilo. Entre las cuestiones que podría resolver se encontrarían la coordinación y solidaridad entre Estados miembros que tantas páginas ocupa estos días, unida a la articulación de una respuesta conjunta que suponga soluciones uniformes y, en la misma línea, unas directrices concretas para todos los actores implicados en la recepción de los inmigrantes. Existen, además, refugiados que la UE, y sus Estados miembros, se han comprometido a proteger en cualquier circunstancia y al margen de los equilibrios políticos de la Unión: los niños desamparados. La protección a estos menores no requiere de la activación de la citada Directiva, pero sí facilitaría que se llevase a cabo.

Según informa desde hace años el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mitad de los migrantes forzados en el mundo son menores. En el caso de los sirios, según el ACNUR, son más de un millón, de los cuales ochocientos mil no han cumplido los 11 años. A estos hay que añadir los afganos, ucranianos, y todos los que llevan años llegando desde África y otros puntos del planeta. Muchos menores se han quedado solos, y necesitan encontrar a sus familias, o alguien que se haga responsable de ellos. Son los que se conocen hoy en día como Menores Migrantes No Acompañados (Unaccompanied Child Migrants). Son niños que no cuentan con adultos que les protejan, ni un Estado al que volver, hasta el punto de que autores como Jacqueline Bhabha, los consideran refugiados apátridas.

Durante este verano, en cada noticia de prensa, se ha ido desgranando cuantos niños llegaban en cada embarcación, en cada grupo de cada frontera. E incluso cuantos de ellos viajaban sin un adulto referente. Pero el número de menores no acompañados que pueda haber en territorio europeo en estos momentos es un dato todavía desconocido. En el año 2013 constaban en Eurostat poco más de 12.000 solicitudes de asilo por parte de menores no acompañados en el computo global de la UE. Según Human Rights Watch, esa cifra la alcanzaron en 2014 Grecia e Italia solos. En el 2015 el aumento está siendo exponencial, y por tanto podemos hacernos una idea de las implicaciones de esta nueva fase.

Ahora es el momento de ver si queda, dentro de esta Europa fortaleza, algo del espíritu humanitario del siglo XX, que dio lugar a la Convención de los Derechos del Niño.

El Plan de Acción para los Menores No Acompañados de la UE se aprobó en el 2010. Este plan desarrolla los escasos preceptos aplicables hasta el momento, y las líneas directrices para la acogida de los menores. Las medidas principales que propone son la prevención de la migración, la protección en el territorio de acogida y las soluciones duraderas, entendidas como retorno, reasentamiento o acogimiento. Las instituciones europeas podrían alegar que no estaba prevista una situación como la presente cuando se elaboró la política común en materia de menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, herramientas no deberían faltar si tenemos en cuenta que en el ámbito comunitario toda la legislación que les afecta está incluida en el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). En el caso de los menores migrantes, como en casi cualquier asunto relacionado con la protección internacional, siempre bajo las directrices del ACNUR.

Los retos que plantean estos niños y niñas superan con mucho las obligaciones de la UE respecto a los mayores de edad. Son las medidas básicas a tener en cuenta: la protección inmediata por parte de las autoridades del Estado, en caso de que la edad de la persona no sea cuestionada; la prohibición de aplicarles la detención administrativa, a pesar de que se está dando, y principalmente en el Reino Unido y Grecia; el acceso a un bienestar básico y la educación, que no suele hacerse efectivo hasta que se formaliza una solución duradera; la designación de un tutor, que se cumple en escasas ocasiones; el acceso a la justicia, tampoco siempre garantizado. El reglamento Dublín III les exenta además de la obligación de que su solicitud sea procesada en el Estado de llegada, en caso de concurrir cualquier circunstancia que recomiende su permanencia en, o traslado a otro Estado. A pesar de instrumentos como la Comunicación del año 2011 Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño, como tantas veces en el ámbito europeo, al no contar la UE con competencia en materia de menores, esta protección y garantías dependerán de la voluntad de los Estados miembros. E incluso de los landers, comunidades autónomas y municipios. Paradójicamente, el sistema de protección a la infancia de dichas administraciones territoriales, altamente reglamentado, haría prácticamente inviable hoy en día cualquier iniciativa privada, ya sea particular o de envergadura, para ayudar a este colectivo.

Es por ello que retomamos en este punto la necesaria aplicación de la Directiva 2011/55/CE en el contexto de la afluencia masiva de refugiados. Esta medida es de vital importancia para todos los solicitantes de asilo. Pero además en el caso de los niños el hecho de llegar en grandes grupos de personas les hace periodísticamente protagonistas, pero social y legalmente invisibles. Y aumenta por tanto el riesgo de que sufran secuestros, trata, violaciones, esclavitud, malnutrición, y cualquier otro tipo de abuso. La articulación de un plan sólido de acogida temporal de refugiados, a través de los mecanismos ya existentes, permitiría como mínimo la identificación de los menores de edad y su inmediata protección. La coordinación entre los Estados permitiría repartir el peso de esta responsabilidad, e incluso en muchas ocasiones, el encuentro entre algunos niños y sus familias, que no será posible de otra forma. Una llamada de colaboración a la población, con los evidentes filtros que aseguren la idoneidad de las personas que acogen menores, podría ser otra solución, largamente olvidada. Cuanto más tardemos, más graves serán las consecuencias de la dejación por parte de los Estados miembros. Y más tiempo pasarán los niños desamparados en campamentos precarios, donde no deberían estar, y dónde el trauma que les va a acompañar toda la vida se puede agravar.

Existen, además, refugiados que la UE, y sus Estados miembros, se han comprometido a proteger en cualquier circunstancia y al margen de los equilibrios políticos de la Unión: los niños desamparados.

Ha llegado la hora de poner a prueba el complejo sistema de protección de menores refugiados. Y se nos plantean infinitas incógnitas. Entre ellas… ¿Qué pasará en casos como el de España, que admite a trámite una media de diez solicitudes de asilo al año para menores no acompañados al considerar casi a la totalidad de los menores no acompañados que recibe inmigrantes económicos? O ¿en Alemania? en el contexto de la revuelta social que está suponiendo la acogida de los refugiados. ¿Podrán (en el hipotético caso de que quisieran) sociedades como las del norte de Europa acoger a miles de menores en Estados de no más de cinco o seis millones de personas? Y todavía nos quedaría una pregunta. Tal vez la cuestión más importante que deberíamos plantearnos ¿aceptarán, o recibirán incluso los ciudadanos de la UE en su casa a los niños y niñas que necesiten un hogar y no cuenten con un Estado propio que se lo provea, tal y como hicieron sus antepasados? Ahora es el momento de ver si queda, dentro de esta Europa fortaleza, algo del espíritu humanitario del siglo XX, que dio lugar a la Convención de los Derechos del Niño. Yo confío en que sí. Cuestión distinta es si lo permitirán y facilitarán los estados.

Porque la necesidad de protección de niños que huyen de conflictos no es nueva en Europa. Tanto durante las guerras mundiales, como la guerra civil española, o los más recientes conflictos en los Balcanes, los Estados y los particulares pusieron en práctica iniciativas para proteger a los menores separados de sus familias o carentes de ellas. Las cifras sobre este fenómeno son escasas y existen pocos estudios en profundidad con una perspectiva histórica, aunque una extensa investigación llevada a cabo por los profesores Ressler, Boothby y Steinbok en 1988 proporciona una mínima visión global. Se sabe, a modo de ejemplo, y por haberse tratado de un programa oficial, que el Reino Unido acogió a 10.000 niños y niñas judías para salvarles del Holocausto, tanto en campamentos como en familias. Hoy en día los menores están protegidos por más de cien normas de derecho internacional, de los cuales la UE y sus Estados miembros han firmado y ratificado casi la totalidad. No obstante, a pesar de esto, sumergidos en una maraña de normas y políticas de infancia bienintencionadas, que llegan al extremo de no permitir la solidaridad individual de las personas hacia los niños. Cabe preguntarse si a la vez que hemos ganado en garantías formales, nos hemos vacunado contra la compasión, y hemos perdido la humanidad.

Sea a través de los administración pública, sea a través de las personas, los Estados miembros de la Unión Europea tienen que hacerse cargo de estos menores inmediatamente.

«La necesidad de proteger a los menores refugiados que llegan solos a la UE» Raquel Prado

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